El Salvador: Algunos casos resueltos por la Sala de lo Constitucional

Magistrados de la sala constitucional de la CSJ que ha resuelto algunos casos mencionados en este post. Foto: migenteinforma.org 

El partido político fmln ha manifestado en algunos medios que la Sala Constitucional de la CSJ dirigida en su momento por Belarmino Jaime y actualmente por Florentin Melendez, obedece solo a intereses de ARENA y la ANEP, revisemos las resoluciones y la coherencia de dichas acusaciones.

Casos resueltos por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Salvadoreña: 

1.     Resolvió un caso a favor del líder efemelenista Shafik Handal y habilitó a su familia a reclamar indemnización por daños y perjuicios ocasionados en su honor.

2.     Ordenó la disolución de una Comisión de Diputados creada para investigar a la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas; la demanda fue presentada por el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar.

3.     Ordenó la separación del cargo al magistrado del TSE, Moreno Niños; ello permitió al FMLN tener una correlación favorable en dicho organismo electoral.

4.     Resolvió en contra de ARENA una demanda presentada por Cristiani, que pretendía anular la participación de diputados de GANA dentro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

5.     Ordenó el proceso de cancelación de los partidos políticos PCN y PDC porque en el 2004 no alcanzaron el porcentaje de votos requeridos por la ley vigente para subsistir.

6.     Habilitó que el ciudadano vote por persona en elecciones para diputados y no únicamente por bandera. Ello para garantizar el voto libre.

7.     Estableció la posibilidad de aspirar a ser diputado sin pertenecer a partidos políticos. Se ordenó la creación de normas que permitan el conocimiento, origen y uso de los dineros en las campañas políticas.

8.     Resolvió a favor de una señora humilde en un problema legal en contra de La Prensa Gráfica, que le significó a ésta el pago de una importante cuantía económica.

9.     A pesar de las presiones ejercidas por El Diario de Hoy, se expulsó un artículo del código penal que daba trato preferente a los dueños, gerentes o propietarios de los medios de comunicación.

10.     Declaró que el Presidente de la República no puede traspasar dineros de un ministerio a otro, sin autorización de la asamblea legislativa. También se dijo que son ilegales las llamadas “partidas secretas” de las que dispone la Presidente de la República.

11.     Ordenó regulaciones legales a favor de las víctimas de los delitos; así como también, la creación de mecanismos que permitan a las víctimas acudir a la justicia cuando se niegue hacerlo el fiscal.

12.     Se ordenó la suspensión de construcción de un muelle en un club privado autorizado por el gobierno de ARENA (a través del Ministerio de Medio Ambiente), por cuanto dañaría el medio ambiente marino, pues sería construido en una zona de arrecifes.

13.     Se declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que ha impuesto una reserva forestal en la Finca El Espino. Esta decisión favorece al medio ambiente e impide continuar urbanizando la misma.

14.     En el conflicto entre la transnacional Mc Donald´s y un empresario salvadoreño, se resolvió a favor de éste último.

15.     declaró contrario a la constitución la actividad de una empresa privada dedicada a la libre obtención y comercialización de datos personales, al margen del consentimiento de sus titulares. También se ha admitido una demanda contra DICOM, dedicada a similares actividades. 

16.     Se ha admitido una demanda de amparo presentada por la Superintendencia de Competencia en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por haber anulado ésta una multa millonaria –más de $3 millones- impuesta a dos empresas harineras. 

17.     Declaró judicialmente la desaparición forzada de unos menores durante el conflicto armado y se estableció que el extinto Batallón Atlacatl realizó un operativo militar en la zona y por ende, se ordena a la fiscalía identificar los responsables penalmente.

18.      Se declaró inconstitucional una ley aprobada sin debate por la derecha legislativa en el gobierno de ARENA, a pesar que los diputados de oposición de la época – los del FMLN- exigieron la discusión de la ley.

19.     En el gobierno de ARENA se había negado la inscripción en el Registro respectivo, de una asociación de homosexuales por sus orientación sexual. Se emitió sentencia a favor de dicha asociación.

20.     Se declaró inconstitucional un decreto legislativo aprobado en el gobierno de ARENA, que perdonaba el pago por más de $30 millones por multas de tráfico impuestas a transportistas durante cinco años. Se habilitó al fiscal hacer efectivo el cobro de dichas multas.

21.     Se rechazó la pretensión de unos empresarios de la educación en colegios privados, de declarar inconstitucional unos artículos que impiden el incremento de cuotas sin acuerdo de los padres de familia.

22.     Se declaró inconstitucional la pena máxima de 75 años de prisión, aprobada en el gobierno de ARENA; por considerar que se convierte en una pena perpetua, prohibida por la Constitución.

23.     Se declaró inconstitucional unas leyes que autorizaban a la SIGET otorgar concesiones para la explotación geotérmica, aprobada en el gobierno de ARENA; se dijo que la explotación del subsuelo a través de concesiones es atribución de la Asamblea Legislativa.

24.      Se declaró inconstitucionales dos elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia: la del 2006 aprobada por ARENA y disidentes del Frente (G 13); y la del 2012, aprobada por el FMLN y los disidentes de ARENA (GANA).

25.      Se declaró inconstitucional la elección del Fiscal General de la República, Astor Escalante, quien fungió en ese cargo en el gobierno de ARENA, ahora impulsado por GANA. Antes el FMLN lo rechazaba totalmente y hoy lo respalda totalmente.

26.     Ordenó al ISSS proveer medicamentos a un enfermo de SIDA; dicha institución se había negado aduciendo el alto costo de los mismos. La Sala privilegió el derecho a la salud del paciente.

27.     Se ha admitido la demanda contra la elección del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y del Director de la PNC, porque según los demandantes ambos son militares y dicha instituciones deben ser dirigidas por autoridades civiles.

28.      Se ha admitido la demanda contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas porque al momento de su elección estaban siendo investigados por ciertas instituciones públicas.

29.     Fue declarado inaplicable el Decreto 743 por ser contrario a la Constitución: porque no fue discutido y se aprobó con dispensa de trámite sin justificar la urgencia; porque constituía un obstáculo para la justicia constitucional, ya que exigía la unanimidad de votos y la Constitución reconoce la pluralidad del pensamiento jurídico dentro de la Corte Suprema. Dicho Decreto fue aprobado por ARENA y otros partidos de derecha.

30.      Declaró inconstitucional un artículo de una ley aprobada en el gobierno de ARENA que permitía el desalojo inmediato de “invasores” de inmuebles sin haber sido oídos y vencidos en juicio. Se dijo que debía garantizarse éste derecho y que el desalojo se produzca hasta la sentencia definitiva, de comprobarse su permanencia ilegal en el inmueble.


Reflexión: 

Debemos entender muy bien que la lucha de los partidos es la toma de todo el aparato del Estado, y que la tradición era que la sala de los constitucional o toda la CSJ tenia que estar al servicio de los partidos políticos, así funciono siempre, esta sala rompió con eso, por eso todos los partidos políticos se han sentido amenazados por dicho tribunal y han hecho e inventado innumerables trabas para aniquilar o disminuir el poder que la constitución le otorga.


La lucha de todos los partidos es el control del Estado para seguir usufructuando de el, sin velar por los intereses del pueblo, nosotros/as no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos de tomar una actitud ética y coherente con nuestro discurso con cabeza política y no partidaria.

La única salida es acatar las sentencias de la sala, y luego, si lo que pasa no nos gusta, que creo que es así, entonces debemos de sentarnos todos los sectores progresistas por algo mejor, un nuevo Estado. Esto ultimo supone una nueva constitución para un nuevo país, para eso hay que ponerse de acuerdo, tenemos que hacerlo, porque como dice el intelectual salvadoreño Carlos Ábrego: "El Estado como instrumento de dominación de clases debe fenecer".

Caracterización y Perspectiva de la Crisis Global y Construcción de Propuestas Alternativas

La disputa por la dirección del bloque hegemónico

Julia Evelin Martínez Foto:  tvcomcentroamerica.com

Por Julia Evelin Martínez 

En las sociedades capitalistas, el control de la clase burguesa sobre el resto de clases sociales, y en particular sobre la clase trabajadora, no está determinado únicamente por el control de la propiedad de los medios de producción y/o por el uso de la fuerza policial o del ejército. Más bien, y como lo señala Antonio Gramsci (Cuadernos de la Cárcel, 1929-1930 ) esta capacidad de control está determinada por la hegemonía de la clase burguesa, es decir, por su capacidad de controlar las ideas y las voluntades de todas las clases sociales, y unificarlas en torno un proyecto histórico de desarrollo capitalista, que actúa como una especie de imaginario social colectivo en donde se cree profundamente que los intereses económicos, políticos, jurídicos y sociales de la clase capitalista son coincidentes con los intereses del resto de la sociedad.

De acuerdo a Gramsci, el éxito de la hegemonía de la clase capitalista depende de su capacidad de disponer de un discurso coherente y atrayente que les haga creer a los sectores dominados (y a sus aliados) que existe un “bien común” o “un interés nacional”, que supera las diferencias o contradicciones de clase o las ideologías de derecha o de izquierda, y al cual deben supeditarse las voluntades y acciones de todos y todas. En la elaboración y difusión de este discurso, son importantes los intelectuales orgánicos (profesores, analistas, editorialistas, curas, pastores, comunicadores, académicos, escritores, eruditos, etc.) que se encargan de que educar y/ formar a la opinión pública en eso que se llama “el sentido común”.

La labor de los intelectuales orgánicos de la clase dominante es dar continuidad y actualidad a la función del sistema educativo. En el capitalismo, el sistema educativo tiene la función de “depositar” en la mente de los niños y niñas desde la más temprana edad, ideas como “Patria”, “Nación”, “Orden Constitucional”, “Sometimiento a la Ley”, “valores cívicos”, “productividad”, “competitividad”, “liderazgo”, “familia”, entre otras muchas ideas que contribuyen a reproducir las relaciones burguesas de poder. El sistema educativo en el capitalismo no solo forma la fuerza de trabajo que necesita el capital para su valorización y reproducción sino que “concientiza” a las personas sobre la legitimidad de la estructura jurídica, política e ideológica que corresponde a las relaciones capitalistas de producción, circulación y distribución.

La capacidad de hegemonía de la clase capitalista se refleja así en la conformación de un bloque hegemónico, que está integrado por alianzas más o menos estables entre fracciones de la clase dominante, y alianzas entre la clase dominante y las clases dominadas. En su conjunto, estas alianzas tienden a desdibujar o a impedir el surgimiento de la conciencia en sí y para sí de la clase trabajadora y a desactivar su potencial revolucionario. El mantenimiento de estas alianzas es lo que permite el funcionamiento del bloque histórico

El bloque histórico no es nada más que una forma de referirse al vínculo que en un determinado momento de la historia de un país existe entre los elementos económicos o estructurales de un sistema económico (fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción) y los elementos no económicos o superestructurales de ese sistema económico (Sociedad Civil y Sociedad Política).

Sobre el concepto de sociedad civil y sociedad política, Gramsci señala que “se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, aquel que se puede llamar de la sociedad civil, es decir del conjunto de organismos vulgarmente llamados “privados” y aquel de la sociedad política o Estado, que corresponden (respectivamente) a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad y aquel de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico”.

De acuerdo a esta definición, la sociedad civil es el espacio en donde se forma los consensos en torno al proyecto capitalista de desarrollo y se promueve la adhesión de las clases dominadas a los intereses de las clases dominantes. Este espacio estaría formado por los gremios empresariales, iglesias, universidades, instituciones educativas, gremios profesionales, “tanques de pensamiento”, sindicatos, cooperativas, medios de comunicación, entre otras organizaciones que forman el tejido social. Los partidos políticos serían parte de la sociedad civil, y no “un sector aparte” como se supone en el uso no marxista del término sociedad civil, como por ejemplo, la definición impuesta por el Banco Mundial.

La sociedad política en cambio, estaría conformada por las instituciones que realizan la función coercitiva y de dominio directo, para hacen cumplir la ley y el orden capitalista, que se sintetizan en la estructura de poderes del Estado (Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Fuerzas armadas, municipalidades y entidades autónomas). El nexo principal (pero no el único) entre la sociedad civil y la sociedad política son los partidos políticos, que son portadores de los consensos o disensos entre fracciones de clase o entre clases sociales, y que actúan como correas de transmisión para reproducir y/o reformar las normas jurídicas y la institucionalidad política del Estado, y mantenerlas adaptadas a las necesidades de la hegemonía de la clase capitalista en un momento determinado.

El bloque hegemónico capitalista no es una realidad estática o invariable, sino que se encuentra en constante movimiento. A su interior, existen presiones de determinadas fracciones de la clase burguesa y/o de las clases dominadas por asumir la dirección de las alianzas, e imponer así su propio “sentido común” al resto de la sociedad en función de sus intereses económicos estratégicos dentro del bloque histórico. Estas presiones incluyen el interés por imponer su propia interpretación sobre el rol del Estado en el desarrollo capitalista, sobre los regímenes de propiedad y explotación de la tierra, sobre el régimen tributario, sobre el sistema monetario, sobre las condiciones de participación del capital extranjero y sobre las relaciones económicas internacionales, entre muchas otras cuestiones.

Estas disputas se agudizan cuando la fracción de la clase burguesa que ha ejercido durante un período prolongado la dirección del bloque hegemónico, de pronto pierde la capacidad de representar al resto de fracciones de la clase burguesa y/o pierde credibilidad ante las clases dominadas. Su discurso hegemónico empieza a perder atractivo y deja de cohesionar a las clases sociales en torno a un proyecto común de desarrollo nacional. Puede ocurrir por ejemplo que la fracción dirigente del bloque hegemónico pierda credibilidad al mostrarse incapaz de generar mejores y/o mayores condiciones para la acumulación del capital (inversión privada) y/o de generar condiciones mínimas de redistribución del ingreso que mantengan bajo control las demandas de la clase trabajadora. Su continuidad en la dirección del bloque hegemónico puede comenzar a verse como una amenaza al “desarrollo nacional” y/o al “bien común”.

En estas coyunturas se presentan crisis de hegemonía, que se reflejan en el afloramiento de las contradicciones entre las fracciones de la clase capitalista, que pueden desembocar en un cambio en la dirección de este bloque. Una fracción o varias fracciones de la clase empresarial pueden comenzar a luchar por tomar control de la dirección del bloque hegemónico para reformar y/o tomar el control de la institucionalidad del Estado y ponerla en función de un nuevo proyecto histórico burgués de desarrollo, mientras que otra fracción o fracciones se resisten a este cambio.

¿Y las clases dominadas? ¿Y la clase trabajadora? Ante la carencia de un proyecto y de un discurso contra-hegemónico propio, la clase trabajadora y sus intelectuales orgánicos/as (cada vez menores en número) suelen adherirse al nuevo proyecto y/o nuevo discurso hegemónico capitalista, que les devuelve “la ilusión y la confianza” de que es posible lograr el desarrollo nacional mediante la unidad, la democracia y el respeto al Estado de Derecho burgués. Con ello, sin saberlo contribuyen a la renovación del capitalismo y a postergar su propio proceso de liberación.

¿A propósito de qué hago estas referencias al pensamiento de Antonio Gramsci en este espacio? En estos días, en que la sociedad salvadoreña asiste a la puesta en escena de la “batalla final” por el control de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (el máximo organismo en la interpretación de los derechos de propiedad en el bloque histórico salvadoreño), pienso que podría ser de interés re-leer o comenzar a leer a este autor. Me parece que no solo es necesario hacerlo para comprender la esencia del enfrentamiento que protagonizan cotidianamente los intelectuales orgánicos de las fracciones empresariales en pugna, sino sobre todo, es necesario, para poder dimensionar las implicaciones negativas que para la clase trabajadora tiene en esta coyuntura, la falta de un proyecto y de un discurso contra-hegemónico al proyecto de dominación de la clase capitalista.

Estamos frente a una lucha por la dirección del bloque hegemónico protagonizada por el sector empresarial de ARENA, que se niega a ceder esta dirección al otro grupo de ese bloque, integrado por el sector empresarial de GANA en alianza con el sector empresarial del FMLN. En esta lucha por la dirección del bloque hegemónico se juega el control sobre la interpretación de la norma constitucional que más se adapte a su proyecto de hegemonía y/o que pueda favorecer o desfavorecer los intereses específicos de las fracciones empresariales en conflicto.

Se trata de eso, no es una lucha entre la democracia y la autocracia, no es una lucha entre la izquierda y la derecha, ni tampoco una lucha entre el bien y el mal. De allí los llamados de uno y de otro de los bandos enfrentados a conformar un nuevo pacto de unidad nacional bajo su dirección: “un pacto nacional en defensa de la Constitución”, “un acuerdo nacional basado en la legalidad”, “una amplia alianza en donde quepan todos los signos ideológicos, incluyendo a las feministas”.

Los intelectuales y las intelectuales que se consideran aún orgánicos al proyecto de revolucionario de liberación de la clase trabajadora (es decir, los que aún no han sido incorporados al proyecto capitalista de dominación) deben tomarse el tiempo para desentrañar la esencia que se esconde detrás de la apariencia en esta coyuntura y redoblar esfuerzos para orientar a la clase trabajadora (en particular a la juventud) sobre lo que en realidad está ocurriendo y evitar una nueva escisión o fractura de clase, que retrase aún más su proceso histórico de liberación. De lo contrario, se corre el riesgo de terminar actuando (por ingenuidad, ignorancia o indiferencia) como simples instrumentos de alguna de las fracciones de la clase empresarial que se encuentra en pugna por la dirección del bloque hegemónico.