PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Posición de las organizaciones populares comprometidas con la defensa de la vida y la madre tierra ante las negociaciones multilaterales y los compromisos nacionales sobre cambio climático. El Salvador, agosto de 2011.
Las organizaciones abajo suscritas, pertenecientes a diversos sectores de la sociedad salvadoreña.
CONSIDERANDO:
1. Que el cambio climático mundial que actualmente vivimos en la tierra ha sido provocado por el paradigma prevaleciente del crecimiento económico ilimitado, el cual fue adoptado desde hace más de 250 años por las sociedades referidas como altamente industrializadas o desarrolladas, sobre la falsa premisa de que la tierra poseía recursos naturales ilimitados y que podían ser apropiados, explotados y derrochados en nombre de su bienestar exclusivo; emitiendo desde entonces grandes y crecientes cantidades de gases de efecto invernadero los cuales se han acumulado en la atmósfera de la tierra.
2. Que los niveles de concentraciones de dichos gases en la atmósfera, continúan aumentando, debido primordialmente al incremento acelerado de las emisiones de éstos en los países industrializados; acercándose peligrosamente al límite a partir del cual la temperatura media de la tierra aumentaría en tal magnitud que el sistema climático sería peligrosamente perturbado, amenazando de manera irreversible la existencia de las sociedades humanas, los ecosistemas naturales y las distintas formas de vida tal cual las conocemos.
3. Que los impactos negativos debido al aumento del ritmo y magnitud del cambio climático provocado por las altas concentraciones de dichos gases, ya se observan de manera creciente en todas las regiones y ecosistemas de la tierra, particularmente en los países referidos como pobres, de renta media y baja o en desarrollo, debido a sus altos niveles de vulnerabilidad social, económica y ambiental, y a su posición geográfica. Tal es el caso de Centroamérica, que es una región que por su vulnerabilidad climática y ubicación, se ve expuesta y afectada periódicamente por huracanes cada vez más intensos, y siendo las sequías, temporales y tormentas tropicales parte de la variabilidad de su clima. Actualmente dichos eventos se han vuelto más intensos y frecuentes y de mayor duración, enfrentándose a una mayor frecuencia de inundaciones, sequías, olas de calor, incendios y plagas forestales; además, de sufrir enormes pérdidas y daños durante la ocurrencia de eventos el Niño y la Niña de mayor severidad, los cuales están aumentando las pérdidas de numerosas vidas humanas.
4. Que en la Republica de El Salvador, al igual que en otras regiones de la tierra, los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce en los que se sustentan las actividades productivas agropecuarias, acuícolas y pesqueras, podrían perder su potencial productivo y colapsar; ya que además de estar siendo degradados por una explotación desmedida e insostenible, están siendo afectados adversamente en sus procesos ecológicos y funciones biológicas por una mayor frecuencia e intensidad de las sequías, olas de calor, tormentas tropicales, desbordamientos e inundaciones de los ríos y quebradas, y por la mayor ocurrencia de huracanes más intensos y de días y noches más cálidos.
5. Que las diversas manifestaciones del cambio climático en el territorio salvadoreño, están exacerbando los procesos ya avanzados de degradación de las tierras agrícolas, y reduciendo los rendimientos y niveles de producción en los distintos rubros y actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras; agravando así los niveles de inseguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales y urbanas menos favorecidas, los cuales han sido generados por otros factores estructurales y coyunturales de tipo socioeconómico y político del ámbito nacional e internacional; y, eliminando los medios de sobrevivencia de los pequeños agricultores y familias rurales, incluyendo las comunidades de los pueblos originarios.
6. Que en los escenarios futuros del cambio climático se proyectan para El Salvador, cambios significativos del clima, incluyendo aumentos en las temperaturas medias, máximas, mínimas y absolutas, reducciones en el volumen de las lluvias y cambios en sus patrones de comportamiento, mayor frecuencia de las lluvias extremas, huracanes de las categorías más altas y de días secos consecutivos, aumento en el nivel y temperatura superficial del mar, mayor evaporación de la humedad del suelo y superficies acuáticas; proyectándose por consiguiente, impactos negativos adicionales a los actuales, en las diversas actividades y sectores socioeconómicos, particularmente en las actividades y producción agropecuaria, pesca, acuicultura y silvicultura; así como, en la soberanía y seguridad alimentaria, nutricional y salud humana, cambios en los patrones de migración humana y en la abundancia y distribución de las especies animales y vegetales, así como perturbaciones en la dinámica de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
7. Que el estado y rumbo actual de las negociaciones multilaterales bajo las Naciones Unidas, expresados en el Acuerdo de Cancún adoptado a finales de 2010, plantean serias preocupaciones a la humanidad, y la necesidad de que otros actores sociales diferentes de los gobiernos y organizaciones que tradicionalmente han sido parte de la dinámica de negociaciones, asuman los nuevos liderazgos a fin de aumentar la conciencia y movilización de los pueblos y reorientar el rumbo y dinámica de las negociaciones, ante la inminente gravedad del cambio climático y sus impactos, y ante la sumisión política inercial e irresponsabilidad histórica de gran parte de los gobiernos que han estado representando a los estados de los países en desarrollo. El Acuerdo de Cancún ha abierto la posibilidad para que la adaptación no sea posible, ya que los países industrializados, con la anuencia de los países en desarrollo, lograron flexibilizar y evadir sus compromisos ante la Convención y preparar el terreno para en Sudáfrica eventualmente abandonar sus metas de reducción de emisiones legalmente vinculantes en virtud del Protocolo de Kioto.
Por consiguiente,
EXIGÍMOS:
1. Que se rescate el espíritu original de la Convención y del Mandato de Bali, y se reorienten los objetivos, estrategias y dinámica de negociación de los países en desarrollo, principalmente en lo que se refiere al ejercicio de su soberanía nacional, en lo que respecta a la definición y defensa de las posiciones nacionales de negociación y a la participación equitativa y transparente en el proceso multilateral de negociaciones, y hagan valer la heterogeneidad y capacidades diferenciadas de los estados; ya que un número muy significativo de países en desarrollo han adoptado un abordaje utilitario y sumiso dentro de las negociaciones, en detrimento de las alianzas entre los grupos de países en desarrollo y del logro del objetivo de la Convención. En el caso de la República de El Salvador y de la región centroamericana, corresponderá al titular del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) asumir y asegurar el respeto de la soberanía nacional, en su calidad de funcionario público representante del estado salvadoreño en las negociaciones multilaterales, y de las funciones que se le han asignado para el último semestre del año en curso, como presidente protémpore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
2. Que el titular del MARN asuma su responsabilidad política de definir posiciones de negociación como Estado Nacional para cada uno de los temas objeto de negociación, tanto en los temas del ámbito de la Convención como del Protocolo de Kioto, ya que las decisiones que adopta la Conferencia de las Partes se basan en el voto soberano de cada una de las partes presentes al momento de la votación por consenso, sin considerar las posiciones de los grupos políticos regionales. Por consiguiente, las posiciones regionales de negociación que eventualmente se podrían adoptar en la CCAD vía el SICA, constituyen solamente declaraciones políticas sin incidencia real alguna en las votaciones y decisiones a adoptarse en Sudáfrica.
3. Que el titular del MARN, en su calidad de presidente protémpore de la CCAD, asuma plenamente las funciones oficiales y el liderazgo requeridos para facilitar que la región promueva y adopte posiciones de negociación y decisiones de política en el tema del cambio climático, que se sustenten en el mejor y más reciente conocimiento científico y que sean congruentes con la alta vulnerabilidad e impactos crecientes actuales y proyectados; focalizándose y priorizando los esfuerzos y recursos regionales para que la adaptación climática sea en alguna medida todavía posible, mediante la mitigación mundial efectiva. Para tal efecto, la presidencia protémpore deberá invertir todas sus energías para evitar que los espacios y procesos políticos de la CCAD se rijan por abordajes utilitarios y localistas, y se trascienda a la dimensión mundial atacando las causas del problema con políticas y medidas efectivas, y rechazando el apoyo a falsas medidas de mitigación que ponen en peligro la integridad ambiental de los acuerdos, del proceso y de las medidas de mitigación a implementarse.
4. Que el jefe político de la delegación negociadora de la República de El Salvador, que es el Titular del MARN, presente y sustente públicamente y de manera oportuna, y rinda cuentas de manera transparente, sobre cada una de las posiciones políticas en los temas actualmente pendientes de negociación, ya que nuestras posiciones nacionales son una expresión del ejercicio de la soberanía nacional y deberán por lo tanto, sustentarse en el conocimiento a profundidad de la ciencia del cambio climático, nutrirse de las necesidades y prioridades de las poblaciones, sectores y ecosistemas actualmente o potencialmente vulnerables, amenazados y bajo riesgo permanente de ser impactados con mayor fuerza que la actual por el cambio climático, y regirse por los principios, criterios y objetivos de la Convención y las decisiones adoptadas por su órgano supremo, que es la Conferencia de las Partes.
5. Que nuestra posición nacional de negociación y cualquier posición regional eventualmente consensuada bajo el liderazgo de la presidencia protémpore de la CCAD, incorpore al menos los siguientes criterios y planteamientos:
(a) La meta agregada mundial de reducción de emisiones de los países desarrollados, incluyendo a USA, no deberá ser inferior a 50% en 2020, respecto a los niveles de 1990; y las acciones nacionales de mitigación de los países en desarrollo serán suplementarias a dicha meta. El nivel de ambición actual de reducción agregada mundial de emisiones del grupo de países desarrollados ha sido un ofrecimiento de a lo sumo un 17% en 2020, y eventualmente podrían llegar a un 25% de manera condicionada a que se les permita el uso de algunas opciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, las cuales no fueron aceptadas bajo el protocolo de Kioto por su inefectividad en la mitigación del cambio climático mundial.
(b) El diseño del Fondo Verde del Clima (FVC) deberá establecer al menos tres ventanillas especializadas para los temas siguientes: mitigación, adaptación y REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques tropicales en países en desarrollo), incorporando los temas de tecnología y creación de capacidades de manera transversal; y las aportaciones de recursos financieros para alimentar la ventanilla de mitigación, bajo ningún concepto deberán vincularse a los esquemas de compensación de las metas cuantificadas de reducción de las emisiones de los países desarrollados, , a fin de preservar la integridad ambiental de la meta agregada mundial de mitigación del cambio climático.
(c) Las actividades de mitigación bajo esquemas de REDD, no deberán ser financiadas mediante mecanismos de compensación de las emisiones de los países desarrollados encaminados a complementar sus metas cuantificadas de reducción de sus emisiones; ya sea bajo mecanismos de mercado de carbono o bajo diferentes modalidades de intermediación comercial, tales como fondos de inversión de carbono, como el establecido por el Banco Mundial (FCPF), entre otros. Los esquemas de REDD deberán ser financiados únicamente mediante aportaciones directas de los países desarrollados, tal es el caso de una ventanilla especializada para REDD en el FVC, la cual podría alimentarse de recursos provenientes de retenciones diferenciadas a la aviación civil, transporte marítimo, impuestos al carbono, entre otros.
(d) En el caso de los ecosistemas forestales manejados en los territorios de los pueblos indígenas y comunidades forestales, deberá priorizarse el abordaje de REDD como mecanismo para la reducción de la vulnerabilidad de dichos ecosistemas y medios de sobrevivencia humana asociados, para facilitarles algún nivel de adaptación ante los impactos del cambio climático; y por consiguiente, se deberá proponer la inclusión de los esquemas de REDD como actividades elegibles de apoyo financiero bajo la ventanilla de adaptación del FVC en los casos cuya conceptualización e implementación así lo amerite.
(e) Las estrategias o planes nacionales de REDD deberán regirse y sustentarse en los criterios y objetivos todavía en proceso de definición por los gobiernos: (i) para los Planes de Adaptación Nacionales (PANs), a fin de asegurar la sinergia de la mitigación con la adaptación, y evitar que las estrategias o planes de REDD generen desadaptación climática; y (ii) para las Acciones Nacionales de Mitigación (NAMAs), a las cuales deberán integrarse los esquemas de REDD, sin menoscabo de un abordaje específico, ya que de acuerdo a la metodología acreditada para el desarrollo de los inventarios nacionales de gases y de los escenarios de emisiones y opciones de mitigación que sustentan a las NAMAs, el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (que incluye las actividades de REDD) forma parte integral de los cinco sectores que determinan en nivel y tendencia de las emisiones nacionales o regionales. Sin embargo, los procesos prematuros que los gobiernos centroamericanos ya están desarrollando para adoptar estrategias o planes nacionales de REDD, influyeron enormemente en la inclusión de los esquemas de REDD en el Acuerdo de Cancún, a sabiendas y a pesar de que muchas de las limitaciones y debilidades conceptuales y metodológicos que se le imputan, todavía no han sido superadas y continúan siendo objeto de negociación.
(f) Todos los instrumentos de planeación y ejecución de la adaptación, que todavía están en proceso de negociación, tales como el Marco de Adaptación de Cancún, el Programa de Trabajo en Adaptación, el Comité de Adaptación y el FVC, deberán ser orientados, definidos, regidos, implementados, monitoreados, evaluados y mejorados por los propios países en desarrollo; para lo cual los negociadores de la región del SICA y por ende, de la Republica de El Salvador, deberían participar de manera proactiva, sistemática e innovadora en las negociaciones de los temas pendientes relativos a la adaptación, aportando criterios y propuestas de políticas y medidas que faciliten la implementación de la adaptación a los sectores y actores gubernamentales y no gubernamentales afectados o con las capacidades y mandatos de aportar soluciones en el tema. En la región centroamericana deberían priorizarse el desarrollo, asistencia técnica, financiamiento y ejecución de estrategias y medidas de adaptación para el sector agropecuario, pesca y acuicultura, seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, salud humana, sistemas fluviales y recursos hídricos, zonas costeras y marinas, y los ecosistemas terrestres, acuáticos de agua dulce y marinos, debido a su alta vulnerabilidad climática y contribución a los medios de sobrevivencia y calidad de vida de las poblaciones.
6. Que el marco de políticas sobre cambio climático y sus instrumentos de ejecución, actualmente en proceso de construcción e institucionalización en Centroamérica, se constituyan en una nueva plataforma que facilite, acelere y asegure, con una amplia y efectiva participación social, el abandono del paradigma del crecimiento económico ilimitado, sustentado en una producción y demanda crecientes y en el uso y explotación desmedidos de los limitados recursos naturales del planeta; y al mismo tiempo, abra espacios y oportunidades para definir y construir desde los territorios y sectores, sociedades y economías radicalmente distintas, cuyo norte y motor de funcionamiento no sea la obtención del lucro y la acumulación creciente de la riqueza generada, sino la búsqueda del bienestar material y espiritual de las poblaciones humanas, las cuales convivirían y manejarían sus territorios sobre la base del conocimiento, respeto y acoplamiento con las dinámicas naturales, como base de sustentación para su soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y mejoramiento de su calidad de vida, incluyendo la recuperación de la calidad ambiental y el control de los factores que determinan el acceso, uso, usufructo y tenencia de la tierra y sus recursos.
Dado en San Salvador, a los 25 días del mes de agosto de 2011
COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL CONADAR
CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL CAMPOCNTC
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE EL SALVADOR ANPRES
ALTERNATIVA SALVADOREÑA DE COOPERATIVAS ALSACOOP
UNIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE R. L. UNAG
UNIÓN COMUNAL SALVADOREÑA UCS
FUNDACIÓN PROMOTORA DE COOPERATIVAS FUNPROOOP
ORGANISMO DE ASESORÍA INTEGRAL OASI
DIRECTORIO NACIONAL COOPERATIVO
ASOCIACIÓN CAMARA SALVADOREÑA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPAGROPECUARIOS CAMPO
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CENTA SINTRACENTA
MOVIMIENTO PATRIA PARA TODOS MPT
COORDINADORA NACIONAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE EL SALVADOR
ORGANIZACIÓN INDÍGENA LOS PASOS DEL JAGUAR
MICROREGION LA MONTAÑONA
MICROREGION DEL ALTO LEMPA
MICROREGION DE LA CUENCA DEL LAGO DE COATEPEQUE
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