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| Jose Maria Tojeira, Sacerdote Jesuita y ex rector de la UCA. |
La realidad histórica de El Salvador nos muestra que el sistema político (Partidos políticos e instituciones afines) que tenemos hace lo que quiere con el régimen (Leyes) que tenemos, este se lo permite y hasta lo usa a su conveniencia para usufructuar el Estado. Vivimos en el país mas impune del mundo y nadie dice nada. Vivimos en el país donde todo se justifica y los "políticos" tienen licencia para delinquir y salir librados fácilmente, y todavía, salir con alas y aureola en la TV. El intelectual jesuita y ex rector de la UCA Jose Maria Tojeira, delata a dichos funcionarios en su siguiente articulo de opinión que comparto.
Por José M. Tojeira
Entre los padres de la actual Constitución hay de todo. Desde gente honrada a ladrones confesos y personas acusadas de los crímenes más terribles del país. La famosa anécdota de Guevara Lacayo diciéndole a d’Aubuisson, “robar habremos robado, pero no hemos matado a nadie”, es de antología y resume las acusaciones contra algunos de los padres de la Constitución. Qué pensarían sobre la moralidad notoria estos dos personajes mencionados, firmantes ambos de la Constitución, es un misterio. Y lo mismo podríamos decir de otros padres de la actual Constitución que continúan activos en la política a pesar de un historial en el que se incluyen múltiples faltas y en algunos casos delitos graves.
La actual discusión sobre moralidad nos debe impulsar a tocar a fondo el tema. De momento está demasiado centrada en una sola persona y sobre un acto censurable, pero que fue solucionado pacífica y legalmente, sin condena penal. El tema de la moralidad en política creo que hay que abordarlo de otra manera. Lo que llamamos ética pública no trata del comportamiento pasado, especialmente si no hay condenas penales, y si ha pasado un relativo espacio de tiempo que habla de la perfecta reinserción de la persona.
El problema es el relativo al uso de los cargos públicos. Por poner un ejemplo: El usar varios vehículos de propiedad estatal para usos personales o familiares es una falta grave de ética y niega la moralidad notoria. Que magistrados de Corte Suprema consigan trabajo en otras dependencias de la Corte para sus familiares es así mismo un abuso y una falta de moralidad. Lo mismo que cuando los diputados empleaban a algunos de sus guardaespaldas en funciones particulares en sus haciendas o colocaban a sus parientes como asesores. No pagar la cuota alimenticia a sus hijos siendo funcionario público, o no presentar cuentas ante Probidad denota una carencia de moralidad que debía ser sancionada. Todo eso, y son pocos ejemplos, son graves faltas contra la moralidad pública y denotan una grave ausencia de la misma. Las delegaciones internacionales excesivamente grandes, hospedándose en hoteles de lujo, son un signo de corrupción en un país pobre como el nuestro. Y sin embargo, los que ofenden la moralidad pública continúan tranquilos en sus puestos sin que la opinión pública los señale o, como debía ser, los sancione.
Entre nosotros las cosas funcionan al revés. Miramos al pasado y tratamos de imponer, cuando nos conviene, castigos perpetuos a quien ha tenido un error que fue cometido años antes y fue superado con honestidad. Pero a quienes faltan gravemente a la ética pública los dejamos en una impunidad que necesariamente termina engendrando corrupción. Como entre los fariseos antiguos, la tendencia a colar el mosquito y tragar el camello sigue presente en nuestros días. Nos movemos además en una especie de marco en el que sólo lo ilegal es inmoral. O, mejor dicho, sólo hay inmoralidad cuando hay condena o sentencia legal correctora del algún hecho. Como dirían los autores del informe que leyó el diputado Merino, “si no alcanza vida jurídica” la inmoralidad no existe.
En 1991 se privatizaron los bancos nacionalizados en 1979 y se vendieron de hecho a menos del cinco por ciento de su valor real. Quienes compraron el 91 volvieron a vender en el 2007 sus acciones al capital extranjero. Y ganaron casi mil dólares por cada dólar invertido dieciséis años antes. Ahí no hay inmoralidad. Se aprovechan los del partido gobernante, sus amigos y sus familiares. Pero una ley protegía la venta del 91. Y aunque la ley era evidente inmoral, y la venta una desfalco a la propiedad del Estado salvadoreño, nadie se inquietó demasiado. El problema es violar una ley, o, mejor dicho, que le demuestren a uno que la ha violado. Los diputados, si vuelven a elegir magistrados, como parece que harán, están confesando en la práctica que violaron la Constitución. Pero para ellos violar la Constitución no tiene nada que ver con la moralidad, aunque se retarden toda una serie de apelaciones y procesos judiciales. Retardación que por cierto está penada por la Constitución con multas que los diputados desde 1983 no han querido fijar. Violar una ley secundaria parece mucho más grave que violar la Constitución.
La conclusión a la que podemos llegar es que El Salvador, y especialmente sus diputados y políticos, deberían iniciar un debate sobre moralidad pública. Es evidente que no vamos a hablar allí de moralidad privada. Porque entonces tendríamos que hablar de amantes, mentiras, y otras pequeñeces de nuestra ruin condición. La moral privada queda para otro juicio, más allá de nuestra pobre historia actual. Tampoco es cuestión de hablar de las acciones que no llegan a delitos graves según nuestra propia tipificación del delito. Si hablamos de moralidad en política, debemos hablar de moralidad o ética pública: Es decir, del modo de enfrentar la función pública y el modo de comportarnos con respecto al uso de lo público. Iniciar un debate con Universidades al respecto podría ayudar a aclarar conceptos. Y sería un buen paso para la cohesión social del país.
Tomado de: http://www.diariocolatino.com/es/20120807/opiniones/106292/Moralidad-a-debate.htm
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