Redacción Diario Co Latino
El Estado salvadoreño fue encontrado negligente en asuntos ambientales por el Tribunal Internacional de Justicia Climática, el cual sesionó por primera vez en Cochabamba, Bolivia los días 12 y 13 de octubre.
En el caso de El Salvador, la denuncia ambiental fue presentada por ACUDESBAL, del Bajo Lempa, integrante del Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático.El Tribunal, en el numeral 7 de las observaciones específicas dice que ˝En el caso de la Demanda de ACUDESBAL en El Salvador, se evidencia también la negligencia del Estado de proteger a los habitantes de los impactos del cambio climático”.
Este tribunal fue establecido por organismos bolivianos de la sociedad civil, respondiendo a sugerencias del Presidente Evo Morales quién anteriormente había propuesto a las Naciones Unidas la instalación de un Tribunal Internacional para castigar a los responsables de los crímenes ambientales, en particular aquellos que están contribuyendo sensiblemente con el cambio climático, ya que está cobrando centenares de miles de vidas humanas cada año por ciclones tropicales, sequías, nuevas enfermedades, problemas con escasez de agua, deshielo de glaciares, entre otros.
En la primera audiencia, el Tribunal conoció 7 casos donde se denuncia el deshielo de glaciares que está reduciendo la disponibilidad de agua potable en poblaciones de Bolivia, los impactos generados por la plantación de agrocombustibles en Colombia y Ecuador, la contribución al cambio climático por la industria minera Peruana, así como sus impactos en la contaminación con plomo en niños y niñas y la destrucción que genera en varios países suramericanos la Iniciativa para la Integración Regional de Sur América IIRSA, la cual es fuertemente financiada por organismos como el Banco Mundial y el BID.
En el análisis de los casos, el Tribunal encontró que el cambio climático es generado básicamente por el sistema político económico internacional y afectará a miles de millones de personas en el mundo, violando sistemáticamente los derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales, lo que significa que el cambio climático constituye un Crimen de Lesa Humanidad, de hecho la sistematicidad de los crímenes contra los derechos de la naturaleza constituyen también un crimen de lesa naturaleza.
El Tribunal fue conformado con 8 especialistas en materia ambiental provenientes de Europa, EE.UU. y América Latina, que gozan también de reconocida solvencia moral para poder establecer juicios imparciales y con conocimiento de causa en las diferentes problemáticas ambientales.
El Presidente de CESTA, Ricardo Navarro, fue miembro de este Tribunal, después de haber sido postulado por las organizaciones miembros de Amigos de la Tierra de América Latina.
El Tribunal Internacional de Justicia Climática, por no haber sido establecido por una instancia jurídica internacional no es vinculante, o sea, sus resoluciones no son de carácter obligatorio, sino que son observaciones de carácter ético, moral y político; además, por no haber estado presente los acusados y no haber hecho uso del derecho de defensa, el tribunal no emitió sentencias sino que se limitó a conocer de los casos y a emitir observaciones.
La idea del gobierno de Bolivia de instalar este Tribunal fue generar un movimiento público que motive a las instancias oficiales internacionales pertinentes a instalar un Tribunal de Justicia Ambiental de pleno derecho.
De hecho, el Tribunal recibió el respaldo moral de instituciones internacionales y personalidades que aplaudieron la medida de derivar responsabilidades por los impactos del cambio climático.
La sesión de este Tribunal tuvo lugar en el marco de la Asamblea de presidentes del Alba, donde 8 Jefes de Estado se han reunido en Cochabamba, Bolivia, para discutir diferentes problemas de la región y el problema del cambio climático jugará un rol preponderante en las discusiones.
Las resoluciones del Tribunal serán entregadas el Sábado 17 en la reunión de Jefes de Estado, para que el ALBA se constituya en la principal fuerza política para impulsar la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática de Pleno Derecho y con carácter vinculante.
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